Guatemala

OFERTA FORZADA. El 9 de noviembre, a cuatro meses de haber sido expulsados de las dos fincas donde se ubica su comunidad, los quichÈs presentaron una oferta de permuta sobre las dos propiedades donde se ubica la comunidad de Los Cimientos. Esta acciÛn podrÌa ser el primer paso que conduzca hacia el final de un conflicto agrario en el que el Estado no ha podido resolver por las vÌas legales.

     La mesa de negociaciÛn ante la que se presentÛ la oferta estaba compuesta por el mediador MonseÒor, Julio Cabrera, obispo de El QuichÈ, la MisiÛn de VerificaciÛn de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y ResoluciÛn de Conflictos (CONTIERRA), la SecretarÌa de la Paz (SEPAZ), y la Unidad Presidencial de ResoluciÛn de Conflictos (UPRECO).

     Los quichÈs, desplazados internos producto del conflicto armado, y denominados por el gobierno chiules, accedieron forzadamente a realizar la oferta de permuta de sus tierras debido a un largo Èxodo sufrido luego de la invasiÛn realizada el 25 de julio, dentro de la finca Los Cimientos por parte de un grupo de ixiles vinculados con las desaparecidas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), denominados por el gobierno chajules (Inforpress 1421).

     En la reuniÛn del 9 de noviembre donde Inforpress estuvo presente, Shayne Ochaeta, coordinadora de UPRECO, solicitÛ las certificaciones de los tÌtulos de propiedad, aduciendo que eran necesarios para fijar la certeza jurÌdica de la propiedad de las tierras y verificar que en este tiempo no hubieran sido enajenadas o donadas.

     No obstante, el gobierno a™n no encuentra salida a esta problem·tica, puesto que se ha comprometido a buscar una nueva finca conjuntamente con la comunidad de Los Cimientos quienes han condicionado con un reconocimiento fÌsico de los nuevos terrenos, hecho que a™n no se realiza.

     Seg™n afirmÛ Diego Itzep Pasa, lÌder de la comunidad de los quichÈs, en esta negociaciÛn han recibido cuatro ofertas, pero ellos las rechazaron por estar fuera de los requerimientos hechos dentro de su propuesta. Hace notar que incluso una de las fincas ofrecidas por el gobierno adolecÌa de una hipoteca.                     Adem·s, el lÌder comunitario aseverÛ que mientras este largo vÌa crucis es atravesado por la comunidad, han sufrido pÈrdidas en sus trabajos centrados en la agricultura. Por ello, dentro de la oferta tambiÈn han pedido que se les paguen los daÒos causados calculado en Q6.9 millones. AgregÛ que a raÌz de la invasiÛn han tenido que recurrir a la ayuda internacional para poder alimentarse.

 

ASEDIOS CONSTANTES. Pese a que existen documentos que datan de hace 111 aÒos que respaldan a los quichÈs, durante los ™ltimos 40 aÒos han tenido conflictos. En 1967 las municipalidades de Cotzal y Chajul intentaron quitarles la tierras por la vÌa Civil. Sin embargo, los tÌtulos de las fincas salieron confirmados por fallos de segunda instancia. Seg™n explica el abogado AnÌbal GarcÌa, los fallos consisten en sentencias firmes y ejecutoriadas que ya no se pueden discutir por ning™n medio legal.

     En 1981, debido al conflicto interno armado, los quichÈs se vieron obligados a abandonar sus tierras, asent·ndose en Chiul, un municipio de El QuichÈ.

     En 1994 los quichÈs regresaron a su comunidad acompaÒados por diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), nacionales e internacionales. Entonces encontraron un destacamento militar dentro de su propiedad.

     Fernando LÛpez, asesor legal del Centro de AcciÛn Legal para los Derechos Humanos (CALDH), atribuyÛ la presencia del EjÈrcito a la importancia estratÈgica del terreno puesto que estaban frente a la Comunidad de PoblaciÛn en Resistencia-Sierra.

     En 1998 la Agropecuaria Nabalija S.A., intentÛ quitarles a los quichÈs su tierra. Sin embargo, los quichÈs interpusieron una excepciÛn legal demostrando, por medio de sus tÌtulos, su  pertenencia; inmediatamente la empresa perdiÛ el juicio.

     El ™ltimo problema se suscitÛ el 25 de julio del 2001, cuando un grupo armado invadiÛ estas fincas utilizando la fuerza y obligando a los quichÈs a refugiarse en Xeputul II, municipio de El QuichÈ.  Debido a la falta de terrenos para sembrar sus cultivos tuvieron que recurrir a la ayuda humanitaria internacional y a las instituciones gubernamentales.

     Seg™n RamÛn Ovidio LÛpez Gil, abogado de los quichÈs, se interpuso una querella el 3 de julio, e inmediatamente el Ministerio P™blico (MP), iniciÛ la investigaciÛn. Durante el proceso (n™mero de causa 125-2001), que consta en el Tribunal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Nebaj, departamento de El QuichÈ, el MP solicitÛ la captura de los cabecillas de la invasiÛn. Sin embargo, el juez no la autorizÛ por falta de documentaciÛn, por lo que el abogado querellante, con el uso de un memorial, introdujo un acta legalizada de las certificaciones de los tÌtulos que constan en el Registro de la Propiedad de Inmuebles en Quetzaltenango.

     LopÈz Gil afirmÛ que hasta la fecha a™n no recibe una nueva notificaciÛn sobre el estado del caso, a pesar que el CÛdigo Procesal Penal vigente busca evitar formalidades y retrasos para una justicia pronta. La comunicaciÛn con el tribunal y el MP ha sido por medio de memoriales.

     Itzep afirmÛ que hace 15 dÌas UPRECO le solicitÛ que renunciara a la vÌa judicial. Sin embargo, asegurÛ haber respondido que la mesa de negociaciÛn es una salida a la problem·tica para que los hermanos ixiles tambiÈn encuentren una tierra. Asimismo, enfatizÛ que ellos no pueden renunciar a sus derechos sobre la tierra.

     No obstante, la representante de UPRECO niega haber solicitado tal renuncia de derechos argumentando que esa instancia no serÌa el Ûrgano respectivo.

 

øEL PESO DE LA HISTORIA O DE LA INEFICIENCIA? Los ixiles, a pesar de reconocer la propiedad de los quichÈs, argumentan que esa tierra ha sido histÛricamente de su propiedad. Empero, Itzep indicÛ que sus antepasados han habitado desde hace mucho tiempo en estas tierras y que desde hace 111 aÒos poseen tÌtulos como consta en el informe final de CONTIERRA.

     Reforzando el argumento de Itzep, LÛpez seÒalÛ que ni siquiera el convenio 169 de la OrganizaciÛn Internacional de Trabajo (OIT), reconoce el derecho histÛrico sobre la tierra. En dado caso si el Estado empieza por reconocer este derecho, los quichÈs podrÌan exigir que se les devuelvan las fincas azucareras y cafetaleras  que les fueron expropiadas en el siglo diecinueve.

     LÛpez afirmÛ que la actual situaciÛn se deriva de la incapacidad del Estado para resolver de forma equitativa la problem·tica de la tierra. TambiÈn hizo referencia a que en los casos de invasiones de tierra que se han dado en la costa sur, en que los dueÒos son integrantes de la C·mara del Agro, los desalojos han sido ordenados inmediatamente y las fuerzas policiales han actuado violentamente.

     Ochaeta, al hablar desde su posiciÛn gubernamental, afirmÛ que el regreso de los quichÈs a sus tierras puede ser peligroso pues los ixiles han amenazado con que correr· sangre si se da su retorno.

     LÛpez considerÛ que el estado de derecho fue violentado porque un grupo de personas puso en jaque al Estado, lo cual pondrÌa en grave situaciÛn la legalidad. Adem·s, advierte que al aceptar esta situaciÛn, los tribunales y el gobierno han puesto en grave contradicciÛn el artÌculo constitucional que garantiza el derecho a la propiedad (recuadro), cuya calidad de inherente, le confiere la importancia que para una persona significarÌa cualquiera de sus extremidades.

     Si este derecho es arrebatado y no es protegido por el Estado se estarÌa dejando impune un delito muy grave dentro de la legislaciÛn guatemalteca, enfatizÛ LÛpez. 

     Asimismo, reiterÛ que el Estado en estos casos demuestra su ineficiencia e ineficacia, y su ™nica salida para lavarse la cara con el presente caso es tener una respuesta positiva antes de fin de aÒo a la oferta hecha por los propietarios de las fincas.

     CALDH llevÛ el caso de Los Cimientos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes est·n por emitir un fallo al respecto.

 

LAS PERSPECTIVAS. Itzep afirmÛ que aunque UPRECO desea que acepten cualquier oferta de permuta, ellos seguir·n hasta el final es su tierra y no piensan renunciar a ella.       

     Tanto Itzep como otros involucrados en el caso, culpan a algunos ex PAC por las agresiones violentas contra su comunidad y no descartan que detr·s del conflicto existan intereses econÛmicos de personas poderosas. La anterior afirmaciÛn surge porque en el aÒo 2000 fue emitido un acuerdo gubernativo que declaraba la reserva natural Visis-Caba, que serÌa parte de uno de los componentes del Plan Puebla-Panam·.

     Al ser consultado al respecto, Juan LeÛn coordinador de la DefensorÌa Maya, afirmÛ que no tienen nada que ver con las acusaciones hechas por Itzep, y enfatizÛ que su organizaciÛn ha mantenido una posiciÛn neutral en el conflicto. No dejÛ de lamentarse que existan organizaciones que provocan la separaciÛn entre hermanos, al referirse de forma directa a la Cooperativa Chajulense vincul·ndola con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

            Seg™n LÛpez con la situaciÛn que enfrentan los quichÈs en este caso se ve agravada el racismo a™n existente dentro de las instituciones estatales, a la que atribuye la falta de voluntad de parte del Estado por resolver la situaciÛn de ambos grupos en conflicto.

 

CaracterÌsticas de las fincas invadidas

ExtensiÛn: 44 CaballerÌas* (total de ambas fincas) Precio de acuerdo a los quichÈs por cada caballerÌa   Q. 1,800,000.00 =         $225,000.00 LocalizaciÛn: Zona de usos m™ltiples en la Reserva Natural Visis-Caba, municipio de Chajul, departamento del QuichÈ.

* 1 CaballerÌa = 43.68 hect·reas

 

El derecho de propiedad en la legislaciÛn nacional

La propiedad pertenece a la esfera de los derechos reales los cuales se pueden definir como erga omnes, es decir, oponibles contra todos, por lo que si no fuese la voluntad del propietario nada ni nadie se los puede arrebatar. ArtÌculo 39: Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deber· crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. ArtÌculo 468.- Defensa de la propiedad. El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oÌdo y vencido en juicio. Fuente: Tesis de graduaciÛn del Licenciado Juan Francisco Flores, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ConstituciÛn de la Rep™blica de Guatemala y CÛdigo Civil.